Según la Agencia Europea de Medioambiente, el cambio climático seguirá produciéndose durante los próximos decenios. En su informe “Cambio climático, impactos y vulnerabilidad en Europa 2016”, países como España sufrirán el mayor número de impactos adversos: aumento de temperaturas máximas, disminución de precipitaciones y del caudal de los ríos, sequías más intensas, pérdidas de rendimiento de los cultivos, reducción de la biodiversidad y aumento de incendios forestales. Olas de calor más frecuentes provocarán lesiones, infecciones, exposición a peligros químicos y consecuencias para la salud mental, sin olvidar la propagación de algunas especies de garrapatas, del mosquito tigre asiático y de otros portadores de enfermedades, elevando los riesgos para nuestra salud y bienestar.
España ocupa el lugar 21 del ranking de 27 países europeos elaborado por la organización Transport & Environment para evaluar el cumplimiento del acuerdo climático de París, que encabezan Suecia, Alemania y Francia. Esta organización señala que la mayoría de países carece de ambición y de objetivos a largo plazo, debilitando el liderazgo europeo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, la conciencia medioambiental de la sociedad española va en aumento. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran, entre 2007 y 2015, un incremento en los porcentajes de españoles muy interesados por “Ecología y Medio Ambiente” (del 20.2% al 28.9%), de uso habitual de contenedores de reciclado (del 67.8% al 77.3%), y de desplazamiento habitual a pie o en bicicleta (del 47.0% al 58.9%).
Son datos esperanzadores sobre la conciencia ecológica de la población española y evidencian la importancia de promover una educación cívica y respetuosa con el medioambiente, que consolide hábitos de consumo sostenible y popularice actitudes como el reciclado, el uso de puntos limpios o el fomento del transporte público.
Sin embargo, la alta y progresiva concienciación de nuestra opinión pública no es consistente con la disposición a actuar en consecuencia, sobre todo cuando supone renunciar a las comodidades de la vida cotidiana. Por ello, surgirán nuevas regulaciones medioambientales que aprovechen la mayor sensibilidad social sobre estas cuestiones ante la gravedad del problema, modificando nuestros hábitos de vida y consumo, mejorando los modos de producción y transporte, e incentivando la búsqueda de soluciones a este reto global.
Se establecerán límites al impacto medioambiental de las actividades humanas y se concederá valor a las iniciativas que consideren estos efectos y contribuyan al sostenimiento medioambiental. Prevalecerán los productos y servicios que contemplen el ciclo de vida de los materiales, los enfoques respetuosos con el medioambiente y el uso de materias primas, los sistemas de distribución y fabricación no intensivos en consumo de energía, materias primas o generación de residuos, o las fórmulas de uso compartido de recursos.
Artículo de opinión escrito por Javier Sánchez;
director del IBV publicado en el
Diario Levante, el domingo 04/06/17
